5 de septiembre de 2016

Medidas tras tragedias arquitectónicas que nunca llegan

La reciente catástrofe producida el 23 de agosto en Italia, a causa de un terremoto, provocando numerosos derrumbamientos de edificios, nos ha devuelto a la memoria el caso de la tragedia de Los Cristianos. A pesar de que existe una gran distancia entre ambos acontecimientos -de localización, de magnitud y de causas- también podemos encontrar una serie de paralelismos: principalmente lo importante que es el mantener el buen estado de los edificios -en el caso de Italia fue determinare que gran parte de los edificios se levantaron sin la licencia y sin las garantías estructurales adecuadas mientras que en Los Cristianos se sumaron la falta de mantenimiento y unas obras sin licencia- y que cuando se produce un percance en un edificio llega de repente -sin avisar- generando grandes pérdidas materiales y humanas.
Pero hoy no queremos abundar en el caso de Italia de la misma forma que lo hicimos con el suceso anterior, sino detenernos un momento y hacer una reflexión:
¡Qué deprisa nos olvidamos de las tragedias!
La historia del edificio que quedó en pie tras el terremoto de Amatrice

Cuando se produjo la desgracia de Los Cristianos, la población española se llevó las manos a la cabeza pensando: ¿cómo puede pasar ésto en un país del primer mundo y en el siglo XXI? La sociedad pareció concienciarse rápidamente -casi de la noche al día- de la necesidad de conservar los edificios en un correcto estado de mantenimiento. Habían aprendido que unas labores de mantenimiento a tiempo resultan más baratas que esperar a que tengan que producirse grandes obras y que llevar al extremo el descuido de las edificaciones genera problemas de gran magnitud con altos costes materiales y personales.

Por tanto, de una parte las Administraciones municipales, que por ejemplo en el caso de Canarias habían sido muy remolonas de cara a implantar la inspección de los edificios -ya fuera la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)-, se pusieron rápidamente las pilas y anunciaron a bombo y platillo que estaban trabajando en las ordenanzas, las cuales verían la luz en breve para seguridad de propietarios, usuarios y transeúntes:
Pero ante esta iniciativa, se produjo una reacción en cadena y varios municipios de la isla se pusieron a trabajar también en ella:
  • La Laguna: El municipio lagunero fue uno de los primeros de Canarias en implantar la ITE que afectaba a edificaciones con más de 25 años. Sin embargo, después de que los propios vecinos mostraran su oposición a la normativa, se paralizó.
  • Santa Cruz: que, si bien cuenta con una ordenanza en vigor, ésta fue paralizada por el anterior grupo de Gobierno y está a la espera de ser rehecha por el actual mediante una mesa de trabajo con todos los agentes involucrados, para intentar que sea una normativa consensuada, algo que no se ha conseguido.
  • Los Realejos: trabaja desde septiembre del año pasado en la redacción de la ordenanza de la ITE. El documento tenía que haberse presentarse en el pleno de julio y haber entrado en vigor a finales de agosto o principios de septiembre.
  • La Orotava: que desde el primer semestre del año pasado comenzaron los trabajos para la redacción de una ordenanza municipal para la rehabilitación de las viviendas, aunque todavía no hay una fecha prevista para su puesta en marcha.
  • Adeje: donde los técnicos están trabajando desde hace meses en esta normativa para el mantenimiento de los edificios con intención de tener la normativa aprobada y operativa este mismo año. Este el municipio no cuenta con demasiados edificios con más de 50 años, ya que los establecimientos hoteleros más antiguos tendrán en torno a 30 o 35 años y se rigen por la Inspección Técnica Turística (ITT) una normativa específica para los establecimientos turísticos de Canarias, que aunque en vigor tampoco se cumple.
  • Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento realizó un estudio de las dos normativas que rigen la ITE/IEE para conocer qué es exactamente lo que tiene que cumplimentar para ponerla en marcha, aunque cuenta con su propia ordenanza municipal de edificación, en la que se explican todas las condiciones técnicas que tienen que tener los inmuebles, desde antes de su creación hasta su posterior conservación, y cómo deben actuar tanto los propietarios como la Administración.

Todo esto junto con la exigencia del Cabildo de Tenerife a los Ayuntamientos para que aplicasen las ordenanzas para regular la ITE si no la habían desarrollado aún, a pesar de que era obligatoria en municipios con más de 25.000 habitantes.

Por desgracia, esta reactivación no se produjo de forma similar en el resto de las islas del archipiélago, donde el derrumbe de un edificio por falta de mantenimiento sonó a lago muy lejano, que nada tenía que ver con ellos, a pesar de que la ITE es obligatoria en varios de los municipios de la isla de Gran Canaria y en las capitales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero no sólo la Administración le vio las orejas al lobo, los usuarios también reaccionaron ante esta situación y propietarios y comunidades de propietarios se pusieron en contacto con profesionales especializados o con el Ayuntamiento para realizar las revisiones, en muchos de los casos asesorados por los administradores de fincas u obligados por sus compañías aseguradoras.

Ahora -y pasados casi seis meses del derrumbe y de sus consecuencias- ya todo ha quedado en el olvido y de nuevo paralizado. Las ordenanzas ITE siguen sin aprobarse y aquellas que se encontraban paralizadas o suspendidas de forma temporal lo siguen estando. La prensa ya no se hace eco de este asunto y cada vez que en Canarias aparece algo relacionado con el acrónimo ITE es referente a los fondos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (que realmente se tendría que denominar IGTE pero que en muchos casos -y por error- se denomina ITE) y que debido a que mueve 160 millones de euros sí es de interés para nuestros dirigentes.

Por otra parte, la preocupación de los usuarios también se fue diluyendo al mismo ritmo que desaparecía el interés en la presa, dándose la paradoja, que algunas comunidades de propietarios, que ya habían formalizado un presupuesto para la inspección decidieron echarse atrás en el último momento, y no por otra opción más barata, sino "para más adelante" y es que se ve que ya había pasado el peligro.

Al final, lo que tenemos es que con las tragedias relacionadas con la edificación -como pueden ser las de Lorca, Los Cristianos o Rieti- se genera una gran expectación y una aparente concienciación con las razones que han influido en el funesto desenlace y un cambio de hábitos o estrategias en pro de unas mejores y más coherentes. Pero la triste realidad es que pasado un corto período -unos escasos meses- las preocupaciones se vuelcan en otro aspecto o fenómeno quedando todo exactamente igual que como estaba, a la espera de que otro altercado se produzca para de nuevo preguntarnos cómo se ha podido repetir la tragedia, sin que realmente se haga nada serio por impedirlo. Y en medio de esta dejadez nos encontramos un grupo de profesionales comprometidos -arquitectos, aparejadores, administradores de fincas,...- luchado contra viento y marea, muchas veces con la oposición de los propios usuarios de aquellos inmuebles en un estado deplorable, para conseguir unas condiciones mínimas que garanticen su seguridad y la del resto de la sociedad.

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